La avaricia rompe el saco

Tras la muerte del dictador Franco, en España se vivía un ambiente social confuso y convulso. Por un lado se hacía necesaria una regeneración democrática pero, por otro, se temía una vuelta al frentismo que tantos extremismos provocó durante la II república.

En 1976, las dos españas no debían volver a resucitar y esto podía suceder si no se controlaban los acontecimientos durante la transición. Una de las ideas más geniales de los Pactos de la Moncloa  fue aprovechar la existencia de varios grupos políticos regionalistas para cambiar el foco de los problemas. Los partidos regionalistas, dado que la ideología política no es su prioridad, deberían servir de bisagra para que formaciones de derecha o izquierda pudieran gobernar con estabilidad.

Los partidos regionalistas podían no tener fuerza suficiente como para disponer de capacidad de influencia por lo que la Constitución y la ley electoral, entre otras, les otorga una protección singular. Posteriormente, y debido a su apoyo a la gobernabilidad del estado, dichos partidos han ido recibiendo recompensas en forma de financiación, competencias y apoyo político y mediático a su singularidad.

Lamentablemente el modelo parece agotarse. Cada vez es más difícil contentar a estas formaciones sin dañar la estructura general del Estado. Ya sea debido a que las exigencias tienen un crecimiento temporal exponencial o porque el mapa competencial está exprimido,  el estado central no parece poder satisfacer ya las exigencias de los regionalistas.

Los regionalistas catalanes han respondido a la paralización del proceso con una amenaza de secesión que probablemente no tenga más recorrido que el político y mediático, pero que es el mejor indicador de que el modelo se ha agotado. La alternativa ahora es doble: a) dejar el edificio autonomista como está o b) desmontar progresivamente el edificio autonomista. Porque los acontecimientos muestran que una tercera alternativa de profundizar en la autonomía ya no es viable.

Unos políticos regionalistas inteligentes sabrían que lo que más le conviene ahora sería apoyar la Constitución y mantener sus privilegios. Unos políticos centrales inteligentes sabrían que España ya ha superado sus extremismos y puede vivir libre de chantajistas. Pero no se puede poner en la misma frase “políticos” e “inteligentes” ni se puede suponer que, aunque los políticos sean inteligentes, ponen su inteligencia al servicio del bien común, así que ¡ya veremos lo que pasa!.